Puede ser realmente difícil decidirse si se ha de apoyar o no esta huelga, y más aún si se está a favor o en contra. Seguramente se dará el caso que muchos tengan que hacer algo frente a lo cual no están de acuerdo, empezando por los millones de parados que deben sentir sentimientos encontrados ante una huelga. Es difícil poder brindar pautas o luces, ya que además se mezclan tantos intereses legítimos e interesados, políticos y sociales; sin embargo es necesario proponer sensatez y análisis aunque en la práctica y con lo encendidos que están los ánimos, resulte una quimera. Sin embargo algo se puede intentar, y no decir nada tampoco es una solución.
Tras la aprobación de la reforma laboral, es hora de tratar de formular algunas conclusiones acerca de su alcance y contenido, así como de la convocatoria de huelga general realizada por CC.OO. y UGT para el próximo 29 de septiembre,
La reforma laboral ahora aprobada en el congreso delimita de forma clara sus objetivos (rebajar la temporalidad, poner las condiciones para una menor destrucción de empleo y posterior creación del mismo), pero deja en el aire la concreción de los procesos para lograr tales metas.
Desde el mundo sindical, y pese a que no se ha expresado tal crítica con claridad, lo que más preocupa a las organizaciones sindicales es el cambio en la negociación colectiva. Se abre la puerta a otorgar mayor peso a los pactos de empresa frente a los convenios sectoriales. Esta medida, bien orientada porque permite descender a la particular situación de una empresa al margen de lo pactado en el ámbito industrial o de servicios correspondiente a la que ésta se encuentre adscrita, disminuye el peso o la presión negociadora de los sindicatos a nivel sectorial.
El segundo gran bloque de temas de la reforma radica en el sistema de contratación. Se persigue, y creo que es otro buen objetivo, reformar la dualidad en el mercado laboral entre trabajadores fijos con contrato indefinido y trabajadores con contratación temporal, y reducir la altísima tasa de temporalidad de los asalariados (25%), una de las más elevadas de la UE.
El contrato temporal debe quedar reducido a las circunstancias realmente temporales de la actividad productiva. Durante la fase expansiva de la economía, el contrato temporal permitió a las empresas crear más empleo sin vincularse a las obligaciones de una contratación indefinida y con un coste de despido cero en la mayor parte de los casos, pero se ha demostrado el nefasto efecto de este tipo de contratación en los momentos de crisis, al poder despedir en el mismo momento que terminaba el contrato temporal. Y se ha hecho un uso fraudulento de este tipo de contrato, al utilizarse para regular actividades continuas sin carácter temporal, creando una categoría de trabajadores desprotegidos o infraprotegidos.
Pese a todo, no se ha aprovechado la reforma, necesaria y urgente, para acercar nuestro mercado laboral al funcionamiento de otros mercados europeos. Y como mecanismo de respuesta, los sindicatos mayoritarios a nivel estatal decidieron convocar, con casi tres meses de antelación, una huelga general para expresar su descontento con las medidas adoptadas ya por el Gobierno en junio en forma de decreto ley (ahora transformado en ley tras su tramitación parlamentaria). Una huelga como la convocada es tardía, extemporánea, descontextualizada y más centrada en su dimensión política que en la social, y es lo último que necesitamos.
Hay que encontrar otras fórmulas que permitan encauzar la conflictividad laboral, con la corresponsabilidad de todos los agentes y sin utilizar como rehenes y perjudicados a los usuarios de servicios públicos y a los propios trabajadores.
Ojalá todos tengamos en cuenta que queda mucho por hacer a partir del día siguiente de la huelga. Entre otras cosas no seguir hablando de quien tuvo más razón o quien ganó la huelga.
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