martes, 27 de abril de 2010

CARTA ABIERTA A LOS OBISPOS DE TODO EL MUNDO





Estimados obispos,

Joseph Ratzinger, ahora Benedicto XVI, y yo fuimos entre 1962 y 1965 los dos teólogos más jóvenes del concilio. Ahora, ambos somos los más ancianos y los únicos que siguen plenamente en activo. Yo siempre he entendido también mi labor teológica como un servicio a la Iglesia. Por eso, preocupado por esta nuestra Iglesia, sumida en la crisis de confianza más profunda desde la Reforma, os dirijo una carta abierta en el quinto aniversario del acceso al pontificado de Benedicto XVI. No tengo otra posibilidad de llegar a vosotros.

Aprecié mucho que el papa Benedicto, al poco de su elección, me invitara a mí, su crítico, a una conversación de cuatro horas, que discurrió amistosamente. En aquel momento, eso me hizo concebir la esperanza de que Joseph Ratzinger, mi antiguo colega en la Universidad de Tubinga, encontrara a pesar de todo el camino hacia una mayor renovación de la Iglesia y el entendimiento ecuménico en el espíritu del Concilio Vaticano II.

Mis esperanzas, y las de tantos católicos y católicas comprometidos, desgraciadamente no se han cumplido, cosa que he hecho saber al papa Benedicto de diversas formas en nuestra correspondencia. Sin duda, ha cumplido concienzudamente sus cotidianas obligaciones papales y nos ha obsequiado con tres útiles encíclicas sobre la fe, la esperanza y el amor. Pero en lo tocante a los grandes desafíos de nuestro tiempo, su pontificado se presenta cada vez más como el de las oportunidades desperdiciadas, no como el de las ocasiones aprovechadas:

- Se ha desperdiciado la oportunidad de un entendimiento perdurable con los judíos: el Papa reintroduce la plegaria preconciliar en la que se pide por la iluminación de los judíos y readmite en la Iglesia a obispos cismáticos notoriamente antisemitas, impulsa la beatificación de Pío XII y sólo se toma en serio al judaísmo como raíz histórica del cristianismo, no como una comunidad de fe que perdura y que tiene un camino propio hacia la salvación. Los judíos de todo el mundo se han indignado con el predicador pontificio en la liturgia papal del Viernes Santo, en la que comparó las críticas al Papa con la persecución antisemita.

- Se ha desperdiciado la oportunidad de un diálogo en confianza con los musulmanes; es sintomático el discurso de Benedicto en Ratisbona, en el que, mal aconsejado, caricaturizó al Islam como la religión de la violencia y la inhumanidad, atrayéndose así la duradera desconfianza de los musulmanes.

- Se ha desperdiciado la oportunidad de la reconciliación con los pueblos nativos colonizados de Latinoamérica: el Papa afirma con toda seriedad que estos "anhelaban" la religión de sus conquistadores europeos.

- Se ha desperdiciado la oportunidad de ayudar a los pueblos africanos en la lucha contra la superpoblación, aprobando los métodos anticonceptivos, y en la lucha contra el sida, admitiendo el uso de preservativos.

- Se ha desperdiciado la oportunidad de concluir la paz con las ciencias modernas: reconociendo inequívocamente la teoría de la evolución y aprobando de forma diferenciada nuevos ámbitos de investigación, como el de las células madre.

- Se ha desperdiciado la oportunidad de que también el Vaticano haga, finalmente, del espíritu del Concilio Vaticano II la brújula de la Iglesia católica, impulsando sus reformas.

Este último punto, estimados obispos, es especialmente grave. Una y otra vez, este Papa relativiza los textos conciliares y los interpreta de forma retrógrada contra el espíritu de los padres del concilio. Incluso se sitúa expresamente contra el concilio ecuménico, que según el derecho canónico representa la autoridad suprema de la Iglesia católica:

- Ha readmitido sin condiciones en la Iglesia a los obispos de la Hermandad Sacerdotal San Pío X, ordenados ilegalmente fuera de la Iglesia católica y que rechazan el concilio en aspectos centrales.

- Apoya con todos los medios la misa medieval tridentina y él mismo celebra ocasionalmente la eucaristía en latín y de espaldas a los fieles.

- No lleva a efecto el entendimiento con la Iglesia anglicana, firmado en documentos ecuménicos oficiales (ARCIC), sino que intenta atraer a la Iglesia católico-romana a sacerdotes anglicanos casados renunciando a aplicarles el voto de celibato.

- Ha reforzado los poderes eclesiales contrarios al concilio con el nombramiento de altos cargos anticonciliares (en la Secretaría de Estado y en la Congregación para la Liturgia, entre otros) y obispos reaccionarios en todo el mundo.

El Papa Benedicto XVI parece alejarse cada vez más de la gran mayoría del pueblo de la Iglesia, que de todas formas se ocupa cada vez menos de Roma y que, en el mejor de los casos, aún se identifica con su parroquia y sus obispos locales.

Sé que algunos de vosotros padecéis por el hecho de que el Papa se vea plenamente respaldado por la curia romana en su política anticonciliar. Esta intenta sofocar la crítica en el episcopado y en la Iglesia y desacreditar por todos los medios a los críticos. Con una renovada exhibición de pompa barroca y manifestaciones efectistas cara a los medios de comunicación, Roma trata de exhibir una Iglesia fuerte con un "representante de Cristo" absolutista, que reúne en su mano los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Sin embargo, la política de restauración de Benedicto ha fracasado. Todas sus apariciones públicas, viajes y documentos no son capaces de modificar en el sentido de la doctrina romana la postura de la mayoría de los católicos en cuestiones controvertidas, especialmente en materia de moral sexual. Ni siquiera los encuentros papales con la juventud, a los que asisten sobre todo agrupaciones conservadoras carismáticas, pueden frenar los abandonos de la Iglesia ni despertar más vocaciones sacerdotales.

Precisamente vosotros, como obispos, lo lamentaréis en lo más profundo: desde el concilio, decenas de miles de obispos han abandonado su vocación, sobre todo debido a la ley del celibato. La renovación sacerdotal, aunque también la de miembros de las órdenes, de hermanas y hermanos laicos, ha caído tanto cuantitativa como cualitativamente. La resignación y la frustración se extienden en el clero, precisamente entre los miembros más activos de la Iglesia. Muchos se sienten abandonados en sus necesidades y sufren por la Iglesia. Puede que ese sea el caso en muchas de vuestras diócesis: cada vez más iglesias, seminarios y parroquias vacíos. En algunos países, debido a la carencia de sacerdotes, se finge una reforma eclesial y las parroquias se refunden, a menudo en contra de su voluntad, constituyendo gigantescas "unidades pastorales" en las que los escasos sacerdotes están completamente desbordados.
Y ahora, a las muchas tendencias de crisis todavía se añaden escándalos que claman al cielo: sobre todo el abuso de miles de niños y jóvenes por clérigos -en Estados Unidos, Irlanda, Alemania y otros países- ligado todo ello a una crisis de liderazgo y confianza sin precedentes. No puede silenciarse que el sistema de ocultamiento puesto en vigor en todo el mundo ante los delitos sexuales de los clérigos fue dirigido por la Congregación para la Fe romana del cardenal Ratzinger (1981-2005), en la que ya bajo Juan Pablo II se recopilaron los casos bajo el más estricto secreto. Todavía el 18 de mayo de 2001, Ratzinger enviaba un escrito solemne sobre los delitos más graves (Epistula de delitos gravioribus) a todos los obispos. En ella, los casos de abusos se situaban bajo el secretum pontificium, cuya vulneración puede atraer severas penas canónicas. Con razón, pues, son muchos los que exigen al entonces prefecto y ahora Papa un mea culpa personal. Sin embargo, en Semana Santa ha perdido la ocasión de hacerlo. En vez de ello, el Domingo de Ramos movió al decano del colegio cardenalicio a levantar urbi et orbe testimonio de su inocencia.

Las consecuencias de todos estos escándalos para la reputación de la Iglesia católica son devastadoras. Esto es algo que también confirman ya dignatarios de alto rango. Innumerables curas y educadores de jóvenes sin tacha y sumamente comprometidos padecen bajo una sospecha general. Vosotros, estimados obispos, debéis plantearos la pregunta de cómo habrán de ser en el futuro las cosas en nuestra Iglesia y en vuestras diócesis.

Sin embargo, no querría bosquejaros un programa de reforma; eso ya lo he hecho en repetidas ocasiones, antes y después del concilio. Sólo querría plantearos seis propuestas que, es mi convicción, serán respaldadas por millones de católicos que carecen de voz.

1. No callar: en vista de tantas y tan graves irregularidades, el silencio os hace cómplices. Allí donde consideréis que determinadas leyes, disposiciones y medidas son contraproducentes, deberíais, por el contrario, expresarlo con la mayor franqueza. ¡No enviéis a Roma declaraciones de sumisión, sino demandas de reforma!

2. Acometer reformas: en la Iglesia y en el episcopado son muchos los que se quejan de Roma, sin que ellos mismos hagan algo. Pero hoy, cuando en una diócesis o parroquia no se acude a misa, la labor pastoral es ineficaz, la apertura a las necesidades del mundo limitada, o la cooperación mínima, la culpa no puede descargarse sin más sobre Roma. Obispo, sacerdote o laico, todos y cada uno han de hacer algo para la renovación de la Iglesia en su ámbito vital, sea mayor o menor. Muchas grandes cosas en las parroquias y en la Iglesia entera se han puesto en marcha gracias a la iniciativa de individuos o de grupos pequeños. Como obispos, debéis apoyar y alentar tales iniciativas y atender, ahora mismo, las quejas justificadas de los fieles.

3. Actuar colegiadamente: tras un vivo debate y contra la sostenida oposición de la curia, el concilio decretó la colegialidad del Papa y los obispos en el sentido de los Hechos de los Apóstoles, donde Pedro tampoco actuaba sin el colegio apostólico. Sin embargo, en la época posconciliar los papas y la curia han ignorado esta decisión central del concilio. Desde que el papa Pablo VI, ya a los dos años del concilio, publicara una encíclica para la defensa de la discutida ley del celibato, volvió a ejercerse la doctrina y la política papal al antiguo estilo, no colegiado. Incluso hasta en la liturgia se presenta el Papa como autócrata, frente al que los obispos, de los que gusta rodearse, aparecen como comparsas sin voz ni voto. Por tanto, no deberíais, estimados obispos, actuar solo como individuos, sino en comunidad con los demás obispos, con los sacerdotes y con el pueblo de la Iglesia, hombres y mujeres.

4. La obediencia ilimitada sólo se debe a Dios: todos vosotros, en la solemne consagración episcopal, habéis prestado ante el Papa un voto de obediencia ilimitada. Pero sabéis igualmente que jamás se debe obediencia ilimitada a una autoridad humana, solo a Dios. Por tanto, vuestro voto no os impide decir la verdad sobre la actual crisis de la Iglesia, de vuestra diócesis y de vuestros países. ¡Siguiendo en todo el ejemplo del apóstol Pablo, que se enfrentó a Pedro y tuvo que "decirle en la cara que actuaba de forma condenable" (Gal 2, 11). Una presión sobre las autoridades romanas en el espíritu de la hermandad cristiana puede ser legítima cuando estas no concuerden con el espíritu del Evangelio y su mensaje. La utilización del lenguaje vernáculo en la liturgia, la modificación de las disposiciones sobre los matrimonios mixtos, la afirmación de la tolerancia, la democracia, los derechos humanos, el entendimiento ecuménico y tantas otras cosas sólo se han alcanzado por la tenaz presión desde abajo.

5. Aspirar a soluciones regionales: es frecuente que el Vaticano haga oídos sordos a demandas justificadas del episcopado, de los sacerdotes y de los laicos. Con tanta mayor razón se debe aspirar a conseguir de forma inteligente soluciones regionales. Un problema especialmente espinoso, como sabéis, es la ley del celibato, proveniente de la Edad Media y que se está cuestionando con razón en todo el mundo precisamente en el contexto de los escándalos por abusos sexuales. Una modificación en contra de la voluntad de Roma parece prácticamente imposible. Sin embargo, esto no nos condena a la pasividad: un sacerdote que tras madura reflexión piense en casarse no tiene que renunciar automáticamente a su estado si el obispo y la comunidad le apoyan. Algunas conferencias episcopales podrían proceder con una solución regional, aunque sería mejor aspirar a una solución para la Iglesia en su conjunto. Por tanto:

6. Exigir un concilio: así como se requirió un concilio ecuménico para la realización de la reforma litúrgica, la libertad de religión, el ecumenismo y el diálogo interreligioso, lo mismo ocurre en cuanto a solucionar el problema de la reforma, que ha irrumpido ahora de forma dramática. El concilio reformista de Constanza en el siglo previo a la Reforma acordó la celebración de concilios cada cinco años, disposición que, sin embargo, burló la curia romana. Sin duda, esta hará ahora cuanto pueda para impedir un concilio del que debe temer una limitación de su poder. En todos vosotros está la responsabilidad de imponer un concilio o al menos un sínodo episcopal representativo.

La apelación que os dirijo en vista de esta Iglesia en crisis, estimados obispos, es que pongáis en la balanza la autoridad episcopal, revalorizada por el concilio. En esta situación de necesidad, los ojos del mundo están puestos en vosotros. Innumerables personas han perdido la confianza en la Iglesia católica. Para recuperarla sólo valdrá abordar de forma franca y honrada los problemas y las reformas consecuentes. Os pido, con todo el respeto, que contribuyáis con lo que os corresponda, cuando sea posible en cooperación con el resto de los obispos; pero, si es necesario, también en solitario, con "valentía" apostólica (Hechos 4, 29-31). Dad a vuestros fieles signos de esperanza y aliento y a nuestra iglesia una perspectiva.

Os saluda, en la comunión de la fe cristiana, Hans Küng.

lunes, 12 de abril de 2010

La corrupción sí importa y mucho


Días atrás, cuando Luis Roldán salió en libertad, comentaba en estas páginas la cara de tonto que se nos quedaba al comprobar que el defraudador convicto y confeso había mantenido a buen recaudo la mayor parte de su jugoso e ilegítimo patrimonio.
Ahora, con Jaume Matas, que ya ha admitido fraude fiscal –que no delito fiscal–, si las acusaciones no andan atentas, puede ocurrir algo similar. Si Matas pudiera eludir las restituciones de lo acaparado antijurídicamente, añadiría otra burla y justificaría que Transparency International nos siga manteniendo en el lugar 32° de los países corruptos, en parte por la insuficiente respuesta a este fenómeno. Es incompatible pretender ser la octava potencia económica del mundo, tener asiento en el G-20 y estar en el pelotón de los saqueadores del erario público.

Mecanismos para evitar una nueva burla a la sociedad y a la justicia existen, pero hay que ser raudos en su aplicación. Veamos, en primer lugar, los delitos derivados del caso Palma Arena que se imputan a Matas, han generado un patrimonio que, presumiblemente, no explica un sueldo anual de algo menos de 90.000 euros. En primer lugar, tenemos una vivienda habitual –aunque inhabitada– adquirida, según el imputado, por 950.000 euros cuando valía un millón y medio más, cantidad esta gastada en la remodelación de tan modesto espacio habitacional; además, un apartamento en el barrio de Salamanca de Madrid, de algo más de otro millón de euros, y un apartamento turístico a nombre de su madre y con una hipoteca por más años de los que razonablemente vivirá, pero avalada por el expresidente mallorquín por casi 200.000 euros más.
Dado que de sus cuentas corrientes solo sacó en cinco años 450 euros, que durante 13 meses cobró del PP cerca de 70.000 euros más, que debió cobrar igualmente la pensión de expresidente y que a los pocos meses de dar la espantada política empezó a trabajar para una importantísima consultoría, primero en Washington y más tarde en Nueva York, no parece que las estrecheces sean lo suyo.
Sin embargo, hay que reconocer que tres millones de euros como fianza no son moco de pavo. Pero sería otra burla, si los pretendiera abonar aportando los inmuebles mencionados u otras ganancias en apariencia no menos ilícitas. Ello no es posible, puesto que, tal como expone el juez de instrucción en su auto, los referidos inmuebles son una muestra de blanqueo de dinero y lo que nunca podría permitirse es que el producto del blanqueo sirva para evitar la prisión provisional por, entre otros, un delito de blanqueo. Permitirlo, además de un desatino, supondría dar carta de naturaleza a ese dinero negro, el sueño de todo blanqueador: que aparezca lo oculto sin coste ni peligro. Así las cosas, si tales bienes fueren los que pudiera aportarse para eludir la prisión, dictada sentencia, tanto condenatoria como absolutoria, esos bienes habrían adquirido la condición de legítimos. En mi opinión, pues, una fianza constituida sobre la base, aun en parte de tales inmuebles por ser estos efecto del delito, resulta inaceptable legalmente.
Si, en vez de recurrir a ellos, Matas hubiese optado por los avales, bancarios o de terceros, sería necesario que el juez requiera a los avalistas los elementos patrimoniales del imputado que les permiten otorgar ese aval. Así, un banco debería presentar tanto la documentación pertinente como el estudio financiero correspondiente, igual que para otra operación de la misma índole. De este modo, se sabría cuál es la valoración del riesgo por avalar a un encartado penalmente, algo que se ve con facilidad en las garantías exigidas y en el tipo de interés fijado. Pudiera ser que los bancos avalaran atendiendo a garantías de terceros o que fueran estos terceros, directamente, quienes instrumentalizaran el aval. En ambos casos, debe requerirse, primero, al banco sobre el pertinente estudio de riesgo –no sea que con ayudas públicas avalen operaciones patrimoniales de dudosa viabilidad– y, en segundo lugar, hay que verificar tanto la voluntad de los avalistas como los bienes que ponen a disposición: no vaya a ser que testaferros y patrimonio oculto del imputado intenten ser aflorados en este contexto.

Pero esta no es la única fianza que debería prestar Matas. Pese a no haber concluido aún la investigación y, por tanto, no habiéndose concluido la evaluación de sus presuntas trapacerías, no sería inoportuno, ya desde este instante y con los datos que obran en la causa, asegurar la eventual responsabilidad civil derivada de los múltiples delitos imputados, que para ser un solo caso, por ahora, superan la cuarentena. Así, habría que embargar bienes muebles –desde vestidos y televisores de plasma a escobillas de baño– e inmuebles –los referidos por el juez– por importe adecuado destinado a cubrir la restitución y los daños y perjuicios causados por Matas y sus múltiples auxiliares. Entre estos deberá estar el PP que cargó, según menciona el auto del juez, gastos de un mitin electoral de Rajoy en cuentas del Govern de les Illes y no en las suyas propias. A ver si esta vez no se nos queda cara de tonto y aumentamos la calidad democrática.

Joan Queralt
Catedrático de Derecho Penal

miércoles, 7 de abril de 2010

¿Pueden ganar judicialmente las organizaciones fascitas contra Garzón?


Los integrantes del Instituto de Estudios para la Transición Democrática de México deseamos hacer pública nuestra preocupada indignación por el juicio que en España se levanta ahora mismo contra el juez Baltasar Garzón.
Valoramos la inmensa contribución que el juez Garzón ha realizado para la expansión de las libertades y derechos esenciales, más allá de su propio país. La figura de Garzón es ya universal y su trayectoria como juez constituye una de las aportaciones más importantes que el derecho ha dado para la consolidación de las democracias en toda Iberoamérica. Resulta muy extraño que desde la justicia española se emprenda una acusación -prevaricación- por el hecho de que el juez haya admitido y dado trámite a las denuncias contra las desapariciones y asesinatos perpetrados en el periodo franquista; nosotros, por el contrario, pensamos que ésa es una de las tareas que corresponde obligadamente al derecho y a los jueces, y no sólo en España.

Si este sorprendente episodio tiene como desenlace algún castigo en contra de Baltasar Garzón, desde el propio sistema judicial, se habrá consumado una venganza de la impunidad en su país y en toda América Latina.



Dos de las cuatro asociaciones de jueces, la progresista Jueces para la Democracia (JpD) y la moderada Francisco de Vitoria (FdV), consideran que el proceso a Baltasar Garzón "tiene poco recorrido" o constituye "un abuso" del Supremo. Al contrario que la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que considera "normal" el caso. El Foro Judicial Independiente (FJI) cree que su declaración como imputado "es una garantía".

Asociación Profesional de la Magistratura. "Lo vemos con total normalidad", aseguró el portavoz de la asociación mayoritaria y conservadora, Antonio García Martínez, que recordó que "cualquier magistrado" se podría encontrar en la situación que Garzón. "La querella fue admitida por razones evidentes" y esa decisión "estaba argumentada en términos razonables". "Luciano Varela [el instructor] es un gran magistrado; lo que haga lo hará convencido", aseguró.

- Francisco de Vitoria. "La admisión de la querella me sorprendió", afirmó el portavoz, Marcelino Sexmero. "Las decisiones de Garzón fueron recurridas a la Sala de lo Penal y sus argumentos no fueron dolosos", señaló Sexmero. "La decisión sobre su competencia no parece, en ningún caso, constitutiva de prevaricación; confío en que se archive".

- Jueces para la Democracia. Ignacio Espinosa, portavoz de la asociación progresista, aseguró que la admisión de la causa por el Supremo fue "un auténtico abuso que puede atentar contra la independencia judicial". "El caso puede actuar como una espada de Damocles sobre cualquier juez que afronte un caso polémico", añadió. Espinosa recordó que "varios magistrados de la Sala Penal compartían los argumentos de Garzón" y que algunos jueces de partidos judiciales en los que hay fosas comunes "se han inhibido a su favor al considerar también que él es el juez competente".

- Foro Judicial Independiente. "Que se tome declaración a alguien como imputado no tiene que suponer un desprestigio, sino una garantía", aseguró Conrado Gallardo. "Cuando el proceso se sostiene sólo en la acusación particular o popular, puede responder a venganzas o razones que no tienen nada que ver con el Derecho Penal. Que el fiscal no apoye la causa le quita solidez".

La verdad de la que no se habla mucho


Me ha llegado un correo con estos datos, que son verdaderos aunque expresados exaltadamente como un llamado a no ser condescendientes.

INDECENTE, es que el salario mínimo de un trabajador sea de 624 €/mes y el de un diputado de 3.996 pudiendo llegar con dietas y otras prebendas a 6.500 €/mes.

INDECENTE, es que un catedrático de universidad o un cirujano de la sanidad pública ganen menos que el concejal de festejos de un ayuntamiento de tercera.

INDECENTE es que los políticos se suban sus retribuciones en el porcentaje que les apetezca, (siempre por unanimidad, por supuesto, y al inicio de la legislatura).

INDECENTE es comparar la jubilación de un diputado con la de una viuda.

INDECENTE es que un ciudadano tenga que cotizar 35 años para percibir una jubilación y a los diputados les baste sólo con siete y que los miembros del gobierno para cobrar la pensión máxima solo necesiten jurar el cargo.

INDECENTE es que los diputados sean los únicos trabajadores (¿?) de este país que están exentos de tributar un tercio de su sueldo del IRPF.

INDECENTE es colocar en la administración a miles de asesores (léase amigotes con sueldo) que ya desearían los técnicos más cualificados.

INDECENTE es el ingente dinero destinado a sostener a los partidos aprobados por los mismos políticos que viven de ellos.

INDECENTE es que a un político no se le exija superar una mínima prueba de capacidad para ejercer su cargo (y no digamos intelectual o cultural).

INDECENTE es el coste que representa para los ciudadanos sus comidas, coches oficiales, chóferes, viajes (siempre en gran clase) y tarjetas de crédito por doquier.

INDECENTE es que sus señorías tengan seis meses de vacaciones al año.

INDECENTE es que sus señorías cuando cesan en el cargo tengan un colchón del 80% del sueldo durante 18 meses.

INDECENTE es que ex ministros, ex secretarios de estado y altos cargos de la política cuando cesan son los únicos ciudadanos de este país que pueden legalmente percibir dos salarios del erario público.

INDECENTE es que se utilice a los medios de comunicación para transmitir a la sociedad que los funcionarios sólo representan un coste para el bolsillo de los ciudadanos..

INDECENTE es que nos oculten sus privilegios mientras vuelven a la sociedad contra quienes de verdad les sirven.